Botsuana | Botswana
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Botsuana | Botswana
Hace 1 minuto
El fundamento de todo este tipo de procesos está en la generación de plusvalías en la transformación de los suelos rústicos en urbanizables o directamente urbanos. El simple hecho de lograr una calificación de suelo por el planeamiento produce un incremento desproporcionado de la riqueza asociada a los terrenos, superior en varias centenas al valor inicial. Un suelo rústico recalificado puede incrementar su valor desde decenas de €uros a centenas o miles de €uros por metro cuadrado, como consecuencia de ese acto administrativo que establece la aprobación de un planeamiento. Aun a pesar de que no se haya producido ninguna inversión real. La recalificación urbanística en España ha sido y es la nueva piedra filosofal en la creación de riqueza de la nada.El negocio inmobiliario asociado a las recalificaciones es un espacio oscuro donde la connivencia de actores de todo tipo de pelajes, promotores, constructores, políticos, funcionarios, banqueros, etc., se despliega en un universo turbio que mueve cientos y miles de millones. La especulación urbanística ha constituido un lastre que ha pautado negativamente y de una manera excesiva la realidad económica de este país. El resultado es una situación donde el esfuerzo social en la adquisición de viviendas ha originado que el parque de vivienda social o en alquiler sea muy limitado y donde además se ha generado recientemente un stock privado residencial vacío superior a 1.000.000 de unidades. Era lógico que está burbuja acumulada durante décadas explotase evidenciando la necesidad ineludible de un cambio fulminante de modelo productivo.Una expresión final de esta deriva negativa a la que los ciudadanos asisten con creciente desconfianza es la que se refiere a la promoción de megaproyectos, apuestas icónicas o de relumbrón. Es la fase más avanzada del cáncer destructor de nuestras ciudades y del territorio que las une.Recurriendo nuevamente a José Manuel Naredo se puede entender la génesis de esta nueva hornada de iniciativas negativas para el territorio. En el libro recopilatorio Economía, poder y megaproyectos, tanto el propio Naredo como mi tocayo y amigo Federico Aguilera, hacían una certera reflexión sobre el significado de tanta obra pública masiva. Estrategia que empezó a configurarse en España con el programa franquista de ejecución de pantanos en la década de los años 50 y 60. En ese trabajo se desenmascara el esfuerzo de las grandes constructoras, en connivencia con la esfera política, en lograr la programación pública de grandes operaciones inversoras, tales como centrales nucleares, trasvases de agua, trenes de alta velocidad, grandes ejes viarios, etc. Un proceso que esconde un interés compartido en la transferencia de ingentes recursos públicos hacia los operadores privados implicados, con una alta ineficiencia económica y en contra claramente de los verdaderos intereses públicos. Imagen sobre el fondo de la Sierra de Guadarrama del nuevo centro de negocios de Madrid.
La catástrofe de La Rochelle se cimentó en un cóctel formado por vientos de más de 150 kilómetros por hora, subida de la marea y lluvias torrenciales. Los problemas de Monges se deben, sin embargo, a la posible crecida del río que ve cada mañana desde su casa. Pero tanto en un caso como en otro -así como en las lluvias de Madeira, que a finales de febrero dejaron una cuarentena de muertos, o las crecidas del río Guadalquivir, sin víctimas mortales pero con cuantiosos daños materiales- la construcción de viviendas en zonas peligrosas es el gran problema. La proliferación de un urbanismo que ha ignorado los caminos del agua suscita un debate que enfrenta la seguridad de los ciudadanos con el derecho de esas personas a seguir viviendo en su propia casa. Ninguna solución -expropiaciones, obras de ingeniería...- dejará contento a todo el mundo.
El 87% de la población mundial, es decir unos 5900 millones de personas, dispone ya de fuentes de abastecimiento de agua potable, lo que significa que el mundo está en vías de alcanzar, e incluso de superar, la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relativa al agua potable.
La organización ecologista considera que la situación actual del urbanismo en España se ha venido gestando desde hace mucho tiempo, por lo que resulta incomprensible que todavía no se hayan planteado fórmulas para poner freno a la destrucción del territorio en la que nos hayamos inmersos. A pesar de que existe suficiente legislación para actuar de forma contundente contra la ilegalidad, una gran parte de las infracciones urbanísticas se acaban consolidando, en gran parte debido a la prescripción de las mismas por el transcurso del tiempo sin actuación por parte de la Administración.Los problemas derivados del urbanismo actual se acrecientan en la franja litoral debido a los movimientos de asentamiento, temporal o definitivo, de habitantes de las zonas del interior de la península y de ciudadanos del Norte de Europa, especialmente hacia la costa mediterránea. Estos desplazamiento, que se iniciaron hacia mediados de los años 60 del pasado siglo, se han incrementado desde entonces favorecidos por la mejora de las infraestructuras de comunicación, por la entrada de España en la Unión Europea y, posteriormente, por la unificación de la moneda europea y la bajada de los tipos de interés.“Desde Greenpeace consideramos que sólo será posible un cambio de tendencia de la situación urbanística actual mediante un pacto real entre todos los partidos políticos y, sobre todo, mediante una mayor implicación de la ciudadanía en la concienciación de los graves perjuicios que se derivan de esta situación y la actuación más efectiva de quienes pueden contribuir a la erradicación del problema” ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.Propuesta para una mejora del planeamiento urbanístico Greenpeace considera que no existen fórmulas mágicas para solventar el grave problema de crecimiento descontrolado en el que está inmerso el territorio español. Sin una concienciación colectiva y sin una erradicación inmediata del modelo de crecimiento pronto la situación será irreversible. Por tanto, es necesaria una voluntad colectiva de cambio, especialmente en dos aspectos: la redacción de los planeamientos urbanísticos (territoriales, generales o municipales), así como la disciplina urbanística. 1. Deben modificarse los criterios de planificación urbanística, partiendo de la protección de todo el suelo no urbanizable y de la obligación de demostrar la necesidad y racionalidad de modificación de esa protección por necesidades de crecimiento de los núcleos de población. 2. Los modelos territoriales del planeamiento deben tener un marco de referencia supramunicipal que dé una coherencia territorial y de funcionamiento de los servicios, del abastecimiento y de los equipamientos. 3. El crecimiento urbanístico debe limitarse al 10% de incremento en cada planeamiento. Al mismo tiempo debe impedirse la recalificación de suelo hasta que no se haya ejecutado, al menos, el 90% del suelo clasificado en el planeamiento general en vigor. Es imprescindible acabar con el urbanismo concertado a través de los convenios urbanísticos, contratos privados entre los constructores y el ayuntamiento para hacer modificaciones a los planes de ordenación urbana. 4. En los municipios litorales, tanto las comunidades autónomas como los municipios deben decretar la prohibición de construcción en la franja no ocupada de los primeros 500 metros de costa. 5. Los planeamientos territoriales y generales o municipales nunca deben responder a intereses privados de promotores, grupos de presión o de personas próximas a quienes ostentan la facultad de decisión en el proceso de tramitación y aprobación del planeamiento urbanístico o su ejecución. 6. Deben articularse los mecanismos necesarios para establecer procesos efectivos de participación ciudadana y control del urbanismo, tanto en la fase de redacción de los planes territoriales, como para los planes generales o municipales, así como en el proceso de desarrollo y ejecución de éstos. 7. Deben reducirse las posibilidades de cambios de clasificación de suelos no urbanizables a urbanos o urbanizables, así como de los cambios de uso e incremento de edificabilidad y densidad, circunscribiendo dichos cambios exclusivamente a las revisiones o adaptaciones de los planes generales o municipales. Deben prohibirse expresamente cambios a través de modificaciones puntuales de los planes urbanísticos. 8. La planificación urbanística debe priorizar el mantenimiento del paisaje, así como de la estructura y tipología de los núcleos urbanos. Asimismo debe priorizarse la concentración urbana mediante la rehabilitación de los núcleos urbanos existentes y la remodelación de los degradados, evitando ocupar nuevas superficies de suelo en el exterior de los cascos urbanos. 9. La planificación urbanística debe identificar las necesidades de los recursos básicos: energía, agua, etc. y establecer para ellos fórmulas de gestión sostenible. Los informes de la Administración en materia de agua (garantía de abastecimiento) y de energía deben ser obligatorios y vinculantes antes de la aprobación de un plan urbanístico o de realizar una modificación del mismo. Además, los planes urbanísticos deben contemplar obligatoriamente la demanda de servicios que generará (depuración de aguas residuales, recogida y reciclaje de residuos…). 10. Deben prohibirse los proyectos edificatorios de tipo residencial ligados a instalaciones insostenibles tales como los campos de golf, canales fluviales o marinos y nuevos puertos deportivos.
Un equipo municipal multidisciplinar trabaja desde hace unas semanas en el documento, orientado a evaluar la situación de la zona antes y después de las obras. Para ello se tendrán en cuenta factores determinantes en la salud que se puedan ver perjudicados, como «los estilos de vida, las circunstancias personales y los factores sociales, donde se incluyen el ejercicio y la actividad física, las relaciones vecinales, las condiciones de la vivienda o las medidas de seguridad vial». Pero el análisis tampoco se olvidará de otros ámbitos donde los vitorianos también puedan resultar perjudicados, como el económico, el medioambiental, el urbanístico o el de infraestructuras.Speech by ReadSpeaker