Alerta: el agua siempre vence al ladrillo

Las vidas de Nicolas Sarkozy y Verónica Monges no tienen nada que ver, pero en las últimas semanas se han enfrentado a un enemigo común. El presidente francés visitó La Rochelle el pasado 1 de marzo tras la tormenta Xynthia, que se llevó la vida de medio centenar de personas mientras dormían tranquilamente en sus casas. "No se puede transigir con la seguridad. Debemos reflexionar sobre los planes urbanísticos para que esta catástrofe no vuelva a suceder", dijo Sarkozy. Monges vive en el asentamiento de casas ilegales en la ribera del río Guadarrama, en el municipio madrileño de Móstoles. "Los días que llueve mucho, esto se inunda y nos vamos a la casa de un familiar unas calles más arriba. Hace dos semanas, tuvimos que sacar agua con cubos del salón de una vecina", cuenta desde la puerta mientras trata de que su hija no moleste al niño más pequeño. "¿Que si tenemos miedo de que aquí un día pase algo? Pues claro que sí", responde sin dudar.

La catástrofe de La Rochelle se cimentó en un cóctel formado por vientos de más de 150 kilómetros por hora, subida de la marea y lluvias torrenciales. Los problemas de Monges se deben, sin embargo, a la posible crecida del río que ve cada mañana desde su casa. Pero tanto en un caso como en otro -así como en las lluvias de Madeira, que a finales de febrero dejaron una cuarentena de muertos, o las crecidas del río Guadalquivir, sin víctimas mortales pero con cuantiosos daños materiales- la construcción de viviendas en zonas peligrosas es el gran problema. La proliferación de un urbanismo que ha ignorado los caminos del agua suscita un debate que enfrenta la seguridad de los ciudadanos con el derecho de esas personas a seguir viviendo en su propia casa. Ninguna solución -expropiaciones, obras de ingeniería...- dejará contento a todo el mundo.

El fenómeno se ha extendido en estos años en los que el ladrillo se convirtió en la herramienta más fácil y más rápida de los ayuntamientos para hacer caja. No hay cifras oficiales, pero las de los ecologistas asustan. "Estimamos en 40.000 las construcciones en dominio público hidráulico, la gran mayoría viviendas, pero también cámpings, polideportivos, residencias de ancianos, colegios, restaurantes...", sostiene Santiago Martín Barajas, autor de un informe de Ecologistas en Acción. Los responsables políticos prefieren, sin embargo, quitar hierro. "Me parece una cifra exagerada, algo alarmista", responde Jesús Yagüe, subdirector de Dominio Público Hidráulico del Ministerio de Medio Ambiente. "Estamos realizando la cartografía de zonas inundables, que estará plenamente operativa en 2012", añade.
Tras años de mirar hacia otra parte, la radiografía del problema dio un salto de gigante en 2007, con la directiva de la Comisión Europea que daba de plazo hasta 2013 para que los Estados detecten en mapas sus áreas con riesgo de inundación. "La reforma de la Ley del Suelo de 1998 ya estableció que había que declarar como no urbanizable el suelo que conllevara riesgos, pero ese artículo nunca se cumplió", recuerda el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina. "Como no había mapas de riesgo, se construía. Durante el boom inmobiliario nadie quería mirar hacia un problema en el que se está jugando con vidas humanas", concluye Olcina, que estima en 300 las muertes causadas por inundaciones en España en los últimos 15 años.
Vidas como las de los 87 veraneantes que murieron el 7 de agosto de 1996 en Biescas (Huesca). Fueron 87 cuerpos arrastrados por una riada que arrasó un cámping construido en el curso de un torrente, cerca de un barranco. Los informes técnicos que desaconsejaban la ubicación del establecimiento en ese lugar no sirvieron para nada.
Tras un suceso que dejó en shock a todo un país -y que obligó a las administraciones a pagar 11,2 millones de euros por no haber evitado un suceso previsible-, el Senado creó una comisión que sacara conclusiones de la tragedia. "Dieron unas recomendaciones de enorme interés pero que no se pusieron en práctica. Han tenido que pasar más de 10 años para que volvamos a retomar esas conclusiones", añade el catedrático de la Universidad de Alicante. Es probable que catástrofes como la de Biescas no hubieran pasado antes porque a nadie se le habría ocurrido levantar un cámping en el curso de un torrente cerca de un barranco. "Hemos perdido la memoria del territorio. Antes se elegían los lugares donde asentarse con un cierto conocimiento del territorio. La moderna promoción de viviendas ha olvidado estas enseñanzas, por lo que se hace imprescindible un estudio científico riguroso del suelo", asegura el premio Nacional de Urbanismo José María Ezquiaga.
Los estragos del agua tampoco son baladíes desde el punto de vista económico. Se trata del riesgo natural que más daños causa en España al año: un 0,1% del producto interior bruto, es decir, unos 1.000 millones de euros. Y puede ir a más. Porque a medida que el cambio climático se haga más presente, será necesario reevaluar los riesgos que conlleva. "Aumentarán, por ejemplo, los problemas de inundación en áreas costeras, hasta ahora muy poco importantes en España", pronostica Ezquiaga.
El mapa que prepara el ministerio en colaboración con las comunidades autónomas, del que ya ha dibujado más de 60.000 kilómetros, permitirá poner en marcha una política preventiva para evitar licencias de obras en zonas de riesgo. Además del mapa, el Gobierno ha invertido en cuatro años más de 300 millones en conservación y limpieza de cauces y ha puesto en marcha el Sistema Automático de Información Hidrológica para prevenir las avenidas de agua. Las inundaciones de la costa mediterránea, donde son más habituales, no suelen causar muchos daños a pesar de ser una de las zonas más vulnerables por su alta densidad de población. "Las grandes inundaciones, normalmente originadas por lluvias continuadas, son menos usuales y se suelen localizar en Andalucía o Extremadura", explica la profesora de meteorología Carmen Llasat.
Ahora bien, una vez detectadas las áreas peligrosas, ¿qué se hace con las personas que viven en esas decenas de miles de casas ya construidas? "Es la pregunta del millón", reconoce el alto cargo del ministerio. "Tendremos que ver qué medidas adoptamos. Los propietarios deberán fomentar los seguros frente a inundaciones. Y es necesario abrir un debate público sobre la expropiación", añade Yagüe. Francia forma parte de la avanzadilla en este sentido: ha dibujado un mapa con tres niveles de riesgo, y se reserva la expropiación sólo para las áreas más peligrosas.
"No caben más que dos alternativas. O se inician obras hidráulicas muy costosas que, si se hacen con fondos públicos, implicarán transferencias de rentas a los que en muchos casos construyeron ilegalmente. O se reubican estas urbanizaciones. A pesar de que sea una medida muy impopular y que plantea muchos interrogantes, creo que habrá que avanzar en este camino", señala el urbanista José María Ezquiaga. Como un primer paso, el Gobierno ha comenzado en los últimos cuatro años a recuperar terrenos para dar más espacio al río. El alto coste de estas expropiaciones, más enfocadas en la mejora medioambiental que en la seguridad, provoca que se hagan muy lentamente.
Se adopte la decisión que se adopte, será un camino lento, caro y que no cubrirá todos los flancos. Por eso el profesor de geología de la Universidad de Barcelona Joan Manuel Vilaplana insiste en la educación. "Las canalizaciones son necesarias, pero no suficientes. Dan una falsa sensación de seguridad. Creo en el ejemplo francés, que implica planes de prevención para sensibilizar a la población. Hay que enseñar a la gente a convivir con el riesgo y no hablar sólo de esto cuando hay una tragedia. Las administraciones públicas han escondido la cabeza el resto del tiempo", dice Vilaplana.
Pero no todos se esconden. El Ayuntamiento de Móstoles lleva años pidiendo a la Confederación Hidrográfica del Tajo y al Gobierno central la demolición de los dos centenares de viviendas en el cauce del río Guadarrama. "Antes de que haya una tragedia humana, como la de Biescas", decía el alcalde, Esteban Parro, hace ya dos años y medio.
Este poblado nació en los años sesenta del siglo pasado. Las viviendas que en un principio se utilizaban para el descanso de fines de semana se convirtieron en residencias habituales. Este conglomerado de casas al margen de la legalidad recibió más tarde población gitana e inmigrante, principalmente marroquí. Algunos llegaron a tiempo para ver con sus propios ojos la inundación de 1989 y la menos importante de 1995. "No es para tanto. Aquí ya no hay ningún peligro", dice Rebeca, detrás de la barra de uno de los dos bares del lugar, que no ve con buenos ojos la presencia de periodistas por ahí. "Luego decís que esto está fatal y no es verdad", protesta. Durante estas últimas semanas, tras el febrero más lluvioso de los últimos 30 años, los responsables del municipio de Móstoles hicieron llegar a todos los que querían escucharles su preocupación por la posibilidad de que se desencadenara una tragedia en el lugar. Finalmente, no ocurrió nada. Habrá que ver qué pasa la próxima vez.