El derecho a las ciudades en el mundo - Ingeniería Sin Fronteras

Artículo de Ana Carolina Cortes, miembro de ISF Cataluña y participante en el Foro Urbano Mundia, en Río de Janeiro.
“El derecho a la Ciudad es un derecho colectivo de todos los habitantes, que busca el disfrute equitativo de éstos; así como el disfrute equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social.”

Desde el año 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió realizar el Foro Urbano Mundial (FUM) para debatir los desafíos que implica la urbanización a nivel mundial. Desde entonces, los FUM tienen lugar cada dos años. Hasta el momento, se han celebrado en Kenia (2002), España (2004), Canadá (2006) y China (2008). La V edición del FUM, en la que participó la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, tuvo lugar este año en Río de Janeiro y el tema central fue "El derecho a la ciudad: superar la brecha urbana”. Esta cuestión está tomando gran relevancia en la actualidad: más de la mitad de la población mundial vive ya en ciudades, y continentes como el africano se están haciendo urbanos a gran velocidad, como años atrás sucedió en Latinoamérica. El acceso a urbes equitativas, sustentables, inclusivas y justas es cada día más complejo, generándose así violencia, desigualdad y exclusión.
Muchas veces los debates urbanos se centran en fomentar una competición de ciudades, ajenas a sus habitantes. ¿La ciudad es para los habitantes o ellos son para ella?, ¿Quién debe disfrutar de los servicios: sus habitantes, sus turistas, los negocios que en ella se propicien o los eventos que se desarrollen? Lamentablemente, la inclusión de los ciudadanos en los asuntos trascendentales de gobierno, más allá de operaciones concretas para su reforma física, se está volviendo cada día más compleja.
Por poner un ejemplo próximo: podemos felicitarnos por el proceso de consulta abierto para la reforma de la Diagonal en Barcelona, pero quizás debiéramos preguntarnos si no sería más relevante que la ciudadanía debatiera sobre el modelo de movilidad del área metropolitana. Por no hablar de operaciones olímpicas que sin duda pueden tener un impacto mayúsculo y a largo plazo en la ciudad.

La Ciudad es un bien público y como tal debería generar ciudadanía mediante el ejercicio de la participación, permitiendo el acceso de todas y todos a bienes y servicios. Debería alimentarse de esta misma ciudadanía para definir los propios servicios que genera, la gestión y el disfrute del espacio público, el tejido social y las relaciones que crea, las oportunidades económicas que genera y, en definitiva, el tipo de vida de sus habitantes. Hablamos del derecho a la participación ciudadana a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacifica y responsable, con el objetivo último de optimizar el bienestar público.
Sin embargo, una de las conclusiones a las que se llegó en el último FUM es que el debate sobre el “Derecho a la Ciudad” se está vaciando de contenido. Se está desviando el discurso de reducción de brechas mediante la exclusión o la marginación de poblaciones disfrazando esta temática con la seguridad en la ciudad o, en otros casos, está siendo también utilizado para especular con el suelo y los servicios básicos y de interés general, beneficiando a intereses privados.
Así como en Río de Janeiro, en muchas otras ciudades se organizan grandes eventos para propiciar oportunidades económicas de éstas. Los resultados, empezando por los desalojos de barrios enteros, no son siempre positivos: miles de personas en el mundo están siendo desplazadas de sus territorios por grandes operaciones urbanas, perdiendo así sus viviendas, trabajos, relaciones sociales, etc.
Paralelamente al FUM se desarrolló el Foro Social Urbano, espacio organizado por movimientos sociales en contrapeso al FUM. Uno de los ponentes principales en la inauguración fue David Harvey, importante geógrafo y teórico social del Derecho a la Ciudad, quien señaló que “la transformación de la sociedad no puede hacerse sin la ciudad. La revolución urbana es crucial y central en la tarea política.”
En Latinoamérica, por ejemplo, se han dado grandes pasos en esta tarea política, por una ciudad para todos, a partir de los movimientos sociales que reclaman ciudades más sustentables y equitativas, permeando en las políticas estatales. No es extraño que haya sido en un continente con las ciudades más desiguales y excluyentes que se han generado en el mundo, que no ha sabido garantizar el derecho a una vivienda digna o el acceso a servicios como el agua potable y el saneamiento, prefiriendo mercantilizar espacios y servicios antes que asegurar su pleno disfrute por la ciudadanía.
El derecho a la ciudad es, en suma, un derecho a construir todavía, en el que deberíamos focalizar más esfuerzos. Construir ciudades inclusivas, en equilibrio con el territorio en el que se asientan, y a partir del ejercicios de la plena ciudadanía, es la mejor política de desarrollo y de lucha contra la pobreza que podamos abordar.